Sentencia sobre notificaciones electrónicas – T.S.J. Madrid 498/2011, de 7 de junio

Primero.- El presente recurso tiene por objeto determinar si se ajusta o no a Derecho la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 4 de diciembre de 2008, que desestimó la reclamación deducida por la entidad actora contra el acuerdo de la Agencia Tributaria que había desestimado el recurso de reposición planteado contra providencia de apremio derivada de liquidación relativa al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2004, ascendiendo el recargo a 11.083Z53 €, equivalente al 5% del principal (221.670Z58 €).

 

Segundo.- Los hechos relevantes para el análisis del presente recurso, acreditados documentalmente, son los siguientes:

 

Tercero.- En la demanda se solicita la anulación de la providencia de apremio recurrida invocando la falta de notificación de la
liquidación. Alega a tal fin, en síntesis, que el acuerdo de liquidación de 19 de noviembre de 2007 fue notificado en forma defectuosa ya que desde el día 13 de ese mismo mes todas las notificaciones dirigidas a la actora se debían cursar a su dirección electrónica, pese a lo cual dicho acto fue remitido al domicilio del contribuyente y entregado al conserje del edificio, que posteriormente fue despedido por los problemas que planteaba en el cumplimiento de sus funciones, no habiendo recibido esa notificación el destinatario, que pagó el importe de la liquidación que figuraba en el acta dentro del período voluntario que resultaba de la información facilitada en tal documento, por lo que considera que la Administración ha incumplido la obligación de remitir todas las notificaciones por vía telemática, frustrando así las expectativas del contribuyente de recibir con seguridad todas las comunicaciones en su correo electrónico, de modo que, a su juicio, la modificación del plazo de ingreso en voluntaria que resulta del acuerdo de 19 de noviembre de 2007 (8 de enero de 2008) no puede serle opuesto bajo ningún concepto.

El Abogado del Estado se opone a la pretensión de la actora reiterando los argumentos invocados en la resolución recurrida, en la que se expresa que no obstante haberse dado de alta en el sistema de notificaciones telemáticas, la notificación se puede practicar en el domicilio fiscal del obligado tributario, por lo que se ajusta a Derecho la notificación efectuada al conserje de la finca.

Cuarto.- El artículo 161.1.a) de la Ley 58/2003, General Tributaria, dispone que el período ejecutivo se inicia, en el caso de deudas liquidadas por la Administración, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la misma ley, precepto que en su apartado 2 establece que el pago en período voluntario de tales deudas deberá hacerse en los siguientes plazos: si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior; si la notificación de la liquidación se lleva a cabo entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Por otra parte, el art. 28.1 de la Ley 58/2003 señala que los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, añadiendo el apartado 2 del mismo artículo que “el recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio”.

Por último, en lo que aquí interesa, el art. 167.3.c) del indicado texto legal regula como motivo de oposición contra la providencia de apremio la “falta de notificación de la liquidación”.

Pues bien, el objeto del recurso se centra exclusivamente en determinar si es válida o no la notificación de la liquidación de fecha 19 de noviembre de 2007, que se realizó en el domicilio fiscal de la actora, pues mientras ésta afirma que la notificación tenía que llevarse a cabo de forma telemática, la Administración sostiene que también podía realizarse en el domicilio fiscal del interesado por aplicación del art. 110.2 de la Ley General T ributaria.

Así las cosas, es cierto que el art. 110.2 de la Ley 58/2003 establece que en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario. Pero esa norma debe integrarse con la posterior Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que en su art. 27.1, relativo a las comunicaciones electrónicas, establece que los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, añadiendo el apartado 2 del mismo precepto legal que las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. En el mismo sentido, el art. 28.1 de la indicada Ley afirma: “Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización,…”.

La norma obliga a la Administración a realizar las notificaciones por vía electrónica cuando los ciudadanos optan por ese medio de comunicación, no estando facultada aquélla para elegir el empleo de ese sistema de notificación u otro alternativo, por lo que sólo puede emplear uno distinto cuando no es posible utilizar el medio preferente. Esta conclusión no ofrece duda alguna a la vista de la forma verbal que figura en el art. 27.2 de la Ley 11/2007 (“utilizarán medios electrónicos”), pues para admitir la tesis de la Agencia Tributaria tendría que decir “podrán utilizar”.

En este caso, la entidad actora se dio de alta en fecha 13 de noviembre de 2007 en el Servicio de Notificaciones Telemáticas de la Agencia Tributaria, medio electrónico que fue elegido por dicha sociedad como preferente para recibir comunicaciones, lo que obligaba a la Administración a realizar por ese medio las notificaciones en todos los procedimientos a los que aquélla se había adscrito, como pone de manifiesto la propia Administración en el documento de “confirmación de la creación de la dirección electrónica única”.

Por tanto, a partir de esa fecha la Agencia Tributaria no podía elegir el medio de notificación, sino que, por aplicación de los arts. 27 y 28 de la Ley 11/2007, estaba obligada a llevar a cabo las notificaciones por vía telemática con carácter preferente, sistema que no utilizó la Administración para notificar la liquidación de 19 de noviembre de 2007.

En consecuencia, la notificación de dicha liquidación realizada el día 21 de noviembre de 2007 en el domicilio fiscal de la entidad recurrente no es válida y carece de eficacia jurídica, por lo que procede anular la providencia de apremio al concurrir el motivo de oposición regulado en el art. 167.3.c) de la Ley 58/2003, General Tributaria.

 

Quinto.- En atención a las razones expuestas procede estimar el recurso, no apreciándose motivos para hacer imposición de costas a la vista del artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,